miércoles, 4 de diciembre de 2013

El oportuno borrado de los archivos informáticos de UGT Andalucía.

Bueno, ya estamos otra vez con el oportuno borrado de información. En esta ocasión le ha tocado el turno al sindicato de Andalucía, el cual se ha visto en un gran aprieto estos últimos tiempos tras las continuas filtraciones de documentos que ha ido sufriendo. Dichos documentos dejaban ver claramente irregularidades en distintas gestiones, y todo ello derivó en una investigación policial. Por desgracia, los archivos informáticos que supuestamente iban a explicar el dudoso origen de esos 1,8 millones de euros ya no existen y, lo que llama todavía más la atención, han sido borrados con un programa especial que hace que la información se vuelva irrecuperable.

Si lo pensamos bien, el sólo hecho de que se molestaran a tanto resulta más que sospechoso, ya que (como muchos sabremos) vaciar la papelera de reciclaje de nuestro escritorio no implica que lo que quisiéramos eliminar ya no exista. Esos documentos únicamente pasan a un segundo plano a la espera de ser “sustituidos” por información nueva, y cuando finalmente los datos actuales pasan por encima de los viejos ya es muy difícil recuperarlos (que no imposible). Todo esto nos hace llegar a una conclusión: ¿contrataron aposta a alguien para asegurarse de que todo quedara eliminado sin remisión?, ¿para qué molestarse a tanto si en teoría esos mismos documentos iban a ser lo que les evitaría devolver ese dinero?. Si uno sabe sumar dos más dos se percatará de que el pequeño detalle de que prefieran arriesgarse a que se les obligue a pagar los 1,8 millones de euros antes que explicar su origen resulta, cuanto menos, una cuestión digna de reflexión.
El propio sindicato ha dicho que es consciente que todo este asunto recuerda a la destrucción de los discos duros que se dio en el caso Bárcenas, pero afirma que ese borrado se dio por parte de tres trabajadores (uno de los cuales mantiene un expediente abierto, según contaron) y que ellos son completamente ajenos al asunto. Además, han reiterado que crearon un fondo de 120.000 euros para compensar posibles fallos y que 25.000 euros ya han sido devueltos.
Ante la pregunta de esas supuestas facturas falsas que las filtraciones iban sacando a la luz, el sindicato ha salido con la peregrina explicación de que no eran más que “errores puntuales” que se han ido solucionando. Por supuesto, han negado vehementemente que tales facturas existieran y culpan de esas filtraciones a los trabajadores que fueron despedidos por el ERE que ellos llevaron a cabo en el 2012.
Como conclusión de todo este embrollo, la decisión final la tienen los servicios jurídicos de la junta y, posteriormente, el Consejo Consultivo, que serán los que determinarán si ese abono se considera indebido o no.
¿Cómo creéis que quedará el asunto?

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